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. Resumen de Prensa
Artículos
Noviembre 24 de 2006
Trabajadores lácteos se movilizan hoy en todo el
país. Para el Ministro Bonomi trabajadores y empresarios “ya
perdieron”.
La Federación láctea comienza hoy con una serie
de movilizaciones en todo el país, para difundir el diferendo
que mantienen con la Cámara de la Industria Láctea desde hace 75
días También se prevé la instalación de carpas y peajes para
informar de las razones del conflicto los trabajadores lácteos
comenzarán hoy con una serie de movilizaciones en todo el país,
para difundir el diferendo que mantienen con la Cámara de la
Industria Láctea desde hace 75 días.
2.
LA REPUBLICA PAG. 3
Vázquez recibió al Jefe del Ejército.
El presidente Tabaré Vázquez mantuvo ayer su
primera reunión con el comandante en jefe del Ejército Jorge
Rosales.
3.
LA REPUBLICA PAG. 10
Vázquez recibió ayer al comandante Rosales. Nueva cárcel. El
traslado de los militares retirados procesados por el caso Soba
fue parte de la conversación.
El presidente Tabaré Vázquez recibió ayer en la
residencia de Suárez y Reyes, al comandante en jefe del
Ejército, Jorge Rosales. El nuevo establecimiento penitenciario
construido en el ex Regimiento de Ingenieros y el traslado de
Cárcel Central de los militares retirados procesados por el caso
de Adalberto Soba, centró la primera entrevista formal entre el
mandatario y el conductor de la fuerza de tierra. Si bien en
filas del Ejército se aguarda que los militares retirados sean
llevados al edificio de Camino Mendoza y Domingo Arena antes de
las fiestas de fin de año, la decisión final está en las manos
de Vázquez. El presidente fue invitado por Rosales a recorrer
las instalaciones de la cárcel, para si Vázquez lo habilita,
proceder a llevar a los procesados.
No obstante, en la agenda del mandatario la
recorrida no estaba prevista hasta ayer, dijeron allegados al
presidente.
4.
EL PAIS PAG. 10
Notorio aporte a fuerzas de paz. Uruguay tiene 2.583 efectivos
al servicio de la ONU.
Uruguay tiene un total de 2.583 efectivos
militares en las misiones de paz al servicio de Naciones Unidas,
lo que representa un 10% del total de efectivos de las Fuerzas
Armadas.
La información, dada a conocer en Nueva York por
el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de Paz de la
ONU, establece que de esa forma, Uruguay es el séptimo
contribuyente mundial a las misiones pacificadoras del organismo
en distintos países del mundo.
5.
LA REPUBLICA PAG. 30
Revista Comunal.
Capitán Miranda
MPP busca tripulación
militar pero la izquierda está dividida
La idea de que Uruguay tenga un petrolero es bien
vista por todo el Frente Amplio, pero el origen de la
tripulación y una eventual cogestión estatal despierta
diferencias.
Por su parte, el diputado Jorge Pozzi, del Nuevo
Espacio, que entiende en la materia, tiene una visión distinta y
así lo hizo saber días atrás en un encuentro celebrado en la
Escuela de Guerra. "La Armada debe salvaguardar la riqueza
marítima, pero nunca gestionar o tripular un barco petrolero",
afirmó Pozzi ante oficiales.
6.
EL PAIS PAG. 10
Uruguay volverá a tener
flota de buques petroleros. Polémica. La Armada y la Marina
Mercante en disputa por tripularlos.
D. ISGLEAS / A. RODRIGUEZ
Desde tiempo atrás, el gobierno impulsa la idea
de que el transporte de petróleo se lleve a cabo en buques
tanque de bandera nacional.
Para abanderar un buque hay requisitos previstos
en la legislación, como que tenga un 50% de tripulación local,
que sería de la Armada Nacional o de la Marina Mercante.
La "aspiración" del planteo del gobierno es que
se incorpore uno o dos buques, con una capacidad individual de
75.000 toneladas cada uno. Incluso, se podría llegar a pensar en
abanderar a un tercer petrolero, explicó Silbermann a El País.
Independientemente de adónde se debe ir a cargar
el crudo, "hay que asegurar el flujo" para no detener la
actividad del país. Y para eso, el personal naval militar es
"idóneo".
En 1972 la Armada recibió su segundo petrolero,
el "Presidente Rivera". El "Juan Antonio Lavalleja" llegó en
1978 y diez años después, la Armada decidió adquirir otro buque
que reemplazó a los anteriores: el nuevo "Presidente Rivera".
Pertenecían al Servicio de Buques Auxiliares, una unidad naval
especializada. Esos buques fueron tripulados y operados por
oficiales y personal de la Armada hasta que se resolvió su
venta.
7.
EL PAIS PAG. 10
Aumentan exigencias a barcos con crudo. Aparecen naves gasíferas
y saturan los astilleros.
Después de los desastres naturales provocados por
los derrames de petróleo de los barcos Exxon Valdez frente a las
costas de Alaska y Prestige en España, la Organización Marítima
Internacional endureció los requisitos que deben cumplir las
naves para transportar el combustible.
8.
ULTIMAS NOTICIAS PAG. 5
Defensa de Blanco identifica a 25 tupamaros sin
juzgar. SOSTIENE QUE “LAS HERIDAS NO SE HAN CERRADO” Y SECTORES
“RECLAMAN A GRITOS VENGANZA”.
El abogado Carlos Curbelo Tammaro apeló ayer el
procesamiento del ex canciller Juan Carlos Blanco con un escrito
donde, además de reiterar la inocencia de su defendido, realiza
un alegato político sobre la actual coyuntura.
Sobre el fondo del asunto, y en defensa de
Blanco, señala que a los civiles del gobierno de la época "no se
les daba la menor intervención en la lucha antisubversiva; negar
este hecho es desconocer el balance interno de las fuerzas
dentro del llamado proceso cívico-militar".
En tanto, se aguarda que la defensa del ex
presidente Juan María Bordaberry presente hoy su apelación al
filo del vencimiento del plazo.
Ese listado, que aparece bajo el título
"¿Justicia para todos?", contiene unos 25 nombres de integrantes
del Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros y se pregunta
si "habrá justicia para todos como requieren los
frenteamplistas".
9.
ULTIMAS NOTICIAS PAG. 5
Medina y Sande no quieren irse.
Los ex policías Ricardo Medina y José Sande,
procesados por delitos vinculados a los derechos humanos,
solicitaron al director de Cárcel Central permanecer detenidos
en esa institución y no ser trasladados a la cárcel militar que
construye el Ejército.
10.
CARAS Y CARETAS PAG. 8
Dos caras, dos caretas. Las tapas que no tapamos.
Nelson Díaz, Paula Scorza
En la edición 195, del 5 de mayo de 2005, la
imagen de Juan María Bordaberry aparece en la tapa, esfumada
sobre el fondo verde oliva, y en primer plano su hijo Pedro. El
irónico título "Bordaberrys ni en Pedro" aludía a la candidatura
a la Intendencia de Montevideo del ex ministro de Turismo. Como
se recordará, durante la campaña electoral el eslogan fue "Vamos
con Pedro", obviando, claro está, el apellido paterno.
Pasemos al 24 de junio de ese mismo año. En el N°
202 el título fue "Pozo con tamaño y forma de tumba con huesos
presumiblemente humanos". Fue el comienzo de las excavaciones en
el Batallón 13.
Sin contar la de hoy, la edición pasada - que
salía a la calle en momentos en que era librada la orden de
captura para Blanco y Bordaberry - esta revista tituló en su
tapa: "No los salva ni Dios padre", e ilustraba con el facsímil
de una nota, firmada por el entonces canciller Blanco, en la que
instruía a los embajadores uruguayos en el mundo a espiar a
compatriotas.
11.
CARAS Y CARETAS PAG. 10
LA VERDADERA HISTORL DEL DICTADOR PRESO. DE COMO EL NIETO DEL
VASCO JACQUES LLEGÓ A CÁRCEL CENTRAL.
Descendiente de un vasco francés de nombre
Jacques que emigró hace 140 años a nuestro país como simple
pastor de ovejas y llegó a poseer con el tiempo 34 mil hectáreas
de campo, Juan María Bordaberry Arocena acaba de convertirse en
el primer dictador uruguayo del siglo XX procesado con prisión.
Su hijo Santiago envió una misiva a la
organización monárquica carlista española a la que está
vinculado su padre, en la que habló de "linchamiento
jurídico-mediático con apoyo del gobierno izquierdista", de una
"fiscal guerrillera" (Mirtha Guianze), de una conjura de "la
inmunda masonería" contra Juan María Bordaberry porque enfrentó
a la democracia liberal.
La historia de la familia Bordaberry comienza
cuando Jacques Bordaberry, que aquí utilizó el nombre de
Santiago, nacido en Pagolle, llegó a Uruguay en 1866 con 22 años
y se afincó en Durazno, una región dominada por un gran
propietario territorial con el que hizo negocios, Carlos Genaro
Reyles, señala el historiador Raúl Jacob en una investigación
sobre los grupos empresariales y sus familias (La quimera y el
oro, 2000). Cuando murió Reyles, en 1886, la sucesión dilapidó
aquella inmensa fortuna, y el primero de los Bordaberry
acrecentó sus bienes y llegó a poseer 34 mil hectáreas.
Casado en Buenos Aires con otra vasca francesa
(Isabel Elizondo), tuvo varios hijos; uno de ellos, Domingo
(1889), es el padre del ex mandatario hoy preso.
Jacob en su investigación concluye en que "los
hijos varones de [Domingo] Bordaberry tuvieron algunos puntos en
común: se casaron con mujeres de la alta sociedad montevideana,
continuaron con la explotación ganadera y participaron
activamente en política y en la consolidación del moderno
gremialismo rural, siempre en filas conservadoras".
Juan María Bordaberry mantuvo la vocación
política de su padre: junto a Nardone ocupó cargos de relevancia
en la Liga Federal, presidió la Junta Nacional de Carnes y la
Junta Nacional de Lanas; integró el Senado siendo candidato por
el Partido Nacional (Eje Echegoyen-Nardone) en 1963 y 1964,
cuando renunció; en ese año murió su líder político. Él siguió
en la Liga Federal.
Pero volvió a la escena pública en 1969 como
ministro de Ganadería y Agricultura en el gabinete del
presidente colorado Jorge Pacheco Areco (que gobernó con medidas
prontas de seguridad en un contexto de agudas tensiones
sociopolíticas), quien en 1971 se postuló a la reelección, pero
en las listas por el régimen vigente de entonces promovió a
Bordaberry como candidato presidencial.
Es éste el Bordaberry que asumió como presidente
en marzo de Í972 y en febrero de 1973, tras el acuerdo de Boiso
Lanza, encabezó el movimiento subversivo que en junio cerró el
Parlamento, disolvió primero los sindicatos y después a todos
los partidos, e instauró la más cruel de las dictaduras que tuvo
Uruguay en el siglo pasado, en la que se llegó a clasificar a
los ciudadanos en tres categorías
El 17 de mayo de 2005, la fiscal Mirtha Guianze
había solicitado los procesamientos con prisión de Bordaberry y
de Blanco. Cuatro meses después, Timbal Kohn archivó la causa al
entender que los delitos estaban prescritos. La fiscal apeló y
el caso pasó a la órbita del Tribunal de Apelación de 2° turno a
cargo de los ministros Alfredo Gómez Tedeschi, William Corujo y
José Balcaldi, quienes el 29 de marzo de este año coincidieron
en que los crímenes no estaban prescritos y debía continuarse
con el juicio. El juez reabrió el caso y decidió, tras varios
meses de indagaciones, los procesamientos.
"No hubo un cambio de opinión -aclaró Timbal Kohn-,
porque la otra vez no me había pronunciado sobre el fondo del
asunto, sino que me había quedado en aspectos formales [Ahora,
tras las indagatorias] me parece que es clara la participación
de los indagados en los hechos."
12.
CARAS Y CARETAS PAG. 16
PEDRO Y EL LOBO. PROCESAMIENTO DE BLANCO Y
BORDABERRY.
El procesamiento con prisión de Bordaberry y
Blanco y la iniciativa del PIT-CNT para anular la Ley de
Caducidad, dividen a la sociedad uruguaya. Dar vuelta la página
o verdad y justicia son los argumentos esgrimidos.
Según el magistrado, Bordaberry y Blanco
"propiciaron y alentaron la represión". "Es impensable -continúa
la sentencia-, que Michelini y Gutiérrez Ruiz fueran
secuestrados y se les diera muerte en Argentina sin acuerdo
entre la autoridades de ambos países".
En otro pasaje del documento señala que "Juan
María Bordaberry compartía plenamente la filosofía del golpe de
Estado y el papel de los militares" y que Juan Carlos Blanco
tenía "perfecto conocimiento de la situación de los exiliados" y
tuvo "participación en las medidas que se adoptaron respecto a
ellos".
"Surgen elementos de convicción suficientes en
los homicidios de los ex legisladores y del matrimonio William
Whitelaw y Rosario Barredo en mayo de 1976, previo secuestro de
las víctimas y hurto de sus pertenencias, en un mismo
procedimiento criminal", sostiene la sentencia.
Conocido el fallo, los abogados de Bordaberry,
Gastón Chávez y Diego Viana, cuestionaron la decisión de Timbal,
y anunciaron que apelarían el auto de procesamiento y que, en
tanto, solicitarían prisión domiciliaria argumentado el estado
de salud del ex dictador. Chávez dijo a varios medios de prensa
que "no hay autoría, ni ninguna responsabilidad. La pregunta es
cómo hicieron para involucrarlo". Insistió además en el show
mediático montado en el programa Zona Urbana donde Pedro
Bordaberry dio a conocer una grabación, realizada ilegalmente, a
Rafael Michelini, donde éste aseguraba que Bordaberry no estaba
involucrado en el asesinato de su padre.
Un día después de conocida la sentencia, el Clan
Bordaberry cerró filas y convocó a una conferencia de prensa
(viernes 17, 19.30 hs.) en el hotel Cala di Volpe. En realidad
de conferencia de prensa tuvo poco y nada. Pedro Bordaberry, el
vocero de la familia, dejó en claro de entrada que no iba a
aceptar preguntas de los periodistas. Se trató entonces de mover
una nueva pieza en el tablero. La postal familiar y católica no
se hizo esperar.
Pedro, rodeado de sus hermanos, y utilizando como
estandarte los nietos de su padre, criticó el fallo acusando al
magistrado Timbal de ceder a las presiones políticas y de
gobierno.
"No estamos de acuerdo con el fallo, en especial
cuando el propio denunciante [el senador Rafael Michelini]
reconoció de manera pública y ante todo el Uruguay, que tenía la
convicción de que nuestro padre no había emprendido acción
alguna [contra su padre, Zelmar Michelini]. No estamos de
acuerdo porque el secretario de la Presidencia de la República
[Gonzalo Fernández] reconoció que había sido otra persona el
responsable de los hechos y hasta declaró cuáles habían sido los
móviles; estas dos cosas ni siquiera fueron mencionadas en la
sentencia."
Ante tal panorama, el PIT-CNT puso el pie en el
acelerador y presentó el martes 21 la Coordinadora Nacional para
anular la Ley de Caducidad. El coordinador de la central obrera,
Juan Castillo, dijo a CARAS y CARETAS que el objetivo de la
campaña es instalar el debate (sobre su derogación) en la
sociedad. La detención de los militares alojados en Cárcel
Central - a la espera del pedido de extradición, cursado por el
magistrado argentino Daniel Rafecas, por la megacausa Plan
Cóndor - y la prisión de Bordaberry y Blanco, son hechos que, a
su juicio, "no hacen más que avalar y fundamentar nuestra
posición de que objetivamente hay elementos que hacen imperioso
que se anule la ley para que la Justicia investigue todas las
denuncias y determine los responsables".
No obstante, el Poder Ejecutivo anunció tiempo
atrás que la derogación de la ley de caducidad de la pretenden
punitiva del Estado "no está en la agenda". En realidad, desde
filas gubernamentales la lectura es otra. "El gobierno está muy
conforme con los avances logrados en materia de derechos humanos
en estos dos años. Vázquez está convencido de que se puede
avanzar aún más, pero siempre basándose en la interpretación
En cuanto a cómo instrumentará la coordinadora
nacional los mecanismos para la derogación de la norma, el
sindicalista sostuvo que eso va a surgir del debate que se
instale con la coordinadora. Las posibilidades manejadas hasta
el momento son a través de una iniciativa del Parlamento, la
interposición de algún recurso de la Suprema Corte de Justicia o
la recolección de firmas para someter el tema a un plebiscito.
Castillo rechazó también que existiera un sentimiento de
revancha desde organizaciones sociales y populares.
13.
EL OBSERVADOR PAG. 5
Apelan el procesamiento de Bordaberry y Blanco.
LOS ABOGADOS DEL EX DICTADOR AFIRMAN QUE LAS PRUEBAS EVALUADAS
POR EL JUEZ SON INSUFICIENTES.
El defensor del ex canciller cuestionó la labor
de la fiscal Mirtha Guianze en el caso.
14.
BRECHA PAG. 1
Un pueblo agradecido. Presente y futuro de los victimarios.
Alegría, satisfacción, consuelo reparador,
estupor: la prisión de Bordaberry –y de su canciller Blanco–
provocó un sacudón emocional al que muy pocos pudieron
permanecer ajenos. No era para menos: un fallo judicial tumbaba
el icono de una impunidad construida a lo largo de tres décadas,
que otros fallos en ciernes prometen seguir deconstruyendo.
La prisión del ex dictador deparó reacciones
airadas aunque esperables (como las del “partido del golpe”,
según llamó el general Seregni al Partido Colorado), pero
también instaló el escenario para propiciar la anulación de la
ley de caducidad, por razones jurídicas, éticas y morales.
Precisamente porque, luego del enjuiciamiento a
Bordaberry, nada hace prever que el Poder Judicial tenga
intenciones de desistir en su obligación de impartir justicia,
sobre todo cuando el contexto político así lo habilita.
Samuel Blixen
Juan María Bordaberry es el primer mandatario
civil latinoamericano castigado con prisión por su
responsabilidad en delitos de lesa humanidad como consecuencia
de la imposición de una dictadura. Otros dictadores, como el
argentino Jorge Videla y sus colegas de las juntas, marcharon a
la cárcel, pero eran militares, exponentes de esos
“profesionales del orden” que quebraron las instituciones
haciendo el trabajo sucio de poderosos intereses. Algunos
dictadores militares, como el cubano Fulgencio Batista y el
paraguayo Alfredo Stroessner, fueron encausados por la justicia
pero eludieron el castigo refugiados en el exilio; el boliviano
Luis García Mesa, responsable de genocidios, está preso en
Estados Unidos, pero por delitos de narcotráfico cometidos
durante su “narcodictadura”. El más reciente antecedente que
involucra a un mandatario civil es el del serbio Slobodan
Milosevic, el “carnicero de los Balcanes”, procesado y
encarcelado por un tribunal internacional penal por su “limpieza
étnica” que cobró más de 250 mil víctimas en Bosnia, Croacia y
Kosovo.
El procesamiento de Bordaberry y de su canciller
Juan Carlos Blanco, por su responsabilidad en los asesinatos de
Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y
William Whitelaw, adquiere trascendencia en tanto consagra el
principio de que el castigo por tales delitos debe ser la señal
inequívoca para quienes caigan en la tentación de intentarlo de
nuevo.
La forma en que reaccionaron los familiares de
Bordaberry –más allá de una natural solidaridad– y sus
correligionarios políticos revela el estupor por el desenlace y
la ofuscación por una consecuencia a la que, al parecer, están
sometidos todos menos unos pocos. La impunidad destronada es, en
ese sentido, una afrenta que no se termina de digerir.
Aunque el forista Washington Abdala rebajó un
cambio sosteniendo que la decisión de la justicia no era
opinable, y el líder de Batllismo Abierto Ope Pasquet recordó
oportunamente que Bordaberry “no está afiliado” al pc, el ex
presidente Jorge Batlle comentó que el dictamen del juez Timbal
fue “una mala noticia” y complementó la opinión de Sanguinetti
afirmando que “lo que hay que hacer es mirar para adelante”
porque el procesamiento es “un mal mensaje a los jóvenes, a
quienes les preocupan otros temas, como el desempleo”.
Hay que reconocer que ambos ex mandatarios son
coherentes, pero difícilmente pueda percibirse claridad política
en la insistencia en agitar cucos, a la luz de la forma en que
la sociedad asume la nueva política sobre derechos humanos. No
hubo, que se sepa, convulsiones institucionales en las Fuerzas
Armadas cuando los más notorios represores fueron a la cárcel,
salvo las consabidas reacciones verbales de los “nostálgicos”; y
no hubo por cierto indiferencia cuando el hallazgo de los
primeros restos comenzó a saldar la deuda con los familiares.
Las “recriminaciones”, las “heridas reabiertas”, los “malos
ejemplos”, las “malas noticias” son sólo producto de una
adhesión –aunque se diga que se peleó contra la dictadura– que
proviene de aquel respaldo al novel presidente Bordaberry cuando
Batlle propuso impulsar acciones paramilitares y Sanguinetti
escamoteó la investigación sobre el Escuadrón de la Muerte.
DEMONIOS MASONES Y DE IZQUIERDA. La familia del
ex dictador no ahorró epítetos para condenar la resolución
judicial. El ex ministro Pedro Bordaberry explicó el dictamen de
Timbal como producto de las presiones que el gobierno ejerció
sobre la justicia, no sólo sobre el magistrado sino también
sobre un tribunal de apelaciones y sobre la Suprema Corte de
Justicia. En la visión del hijo de Bordaberry, prácticamente
todas las estructuras del Poder Judicial que analizaron el
expediente de los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz
claudicaron en su independencia, una acusación nada menor que
flaco favor le hace a las instancias de apelación en curso.
Otro de los hijos del ex dictador, Santiago
Bordaberry, reiteró los juicios en un texto publicado en la
página web de Comunión Tradicionalista. Dios, Patria, Fueros,
Rey Legítimo, con agregados tales como “acusación infame de una
fiscal revolucionaria”, refiriéndose al pedido de procesamiento
de la doctora Mirtha Guianze; o conclusiones de la siguiente
especie: “Es una venganza de la izquierda, pero como todos
ustedes se imaginarán, con la intervención en la oscuridad de la
inmunda masonería, tan fuerte en este país”.
Comunión Tradicionalista es la fracción más
reaccionaria del “carlismo”, el movimiento que se originó en
Navarra reivindicando los derechos sucesorios a la corona
española de don Carlos de Borbón. Una fracción del carlismo
derivó hacia una postura de “autogestión social”; la que
representa Comunión Tradicionalista alimenta esa tradición que
los identifica con el más rancio franquismo.
Mientras algunos voceros oficiosos difunden la
especie de que no existen pruebas para procesar a Bordaberry
(vale la pena recordar que en cualquier interpelación el
Parlamento reclama la dimisión del ministro por su
responsabilidad como jerarca ante irregularidades de sus
subordinados), otros sugieren que el dictamen judicial
“dificulta” la política gubernamental tendiente a lograr una
reconciliación nacional. El argumento confunde dos niveles: la
campaña lanzada formalmente para la anulación de la ley de
caducidad, con la decisión independiente de la justicia.
Pero difícilmente el procesamiento del ex
dictador marque una especie de “marcha atrás” en la política de
derechos humanos, entre otras cosas porque la iniciativa está en
la justicia y ello supondría una intromisión del Ejecutivo para
“acotar” el proceso. Sí cabe esperar una oposición del gobierno
a los proyectos surgidos desde la sociedad civil para anular la
ley de caducidad.
15.
BRECHA PAG. 4
Larga noche para el dictador. La caída del “aparato de poder”.
Juan María Bordaberry afrontará otro
procesamiento antes de fin de año por delitos de homicidios y
desapariciones. Pero el tercer delito por el cual se lo pretende
juzgar, el de atentado a la Constitución, depende de una
interpretación aguda del derecho internacional en el campo de
los derechos humanos.
El ex dictador está preso desde el viernes 17 por
los asesinatos de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor
Gutiérrez Ruiz, y los tupamaros Rosario Barredo y William
Whitelaw. El juez Roberto Timbal coincidió con la fiscal Mirtha
Guianze y encarceló a Bordaberry –y a su canciller Juan Carlos
Blanco– por estos asesinatos.
Pero ése no será el único procesamiento que el ex
tirano afronte este año, pues es muy factible que en diciembre
la jueza Graciela Gatti decrete un nuevo enjuiciamiento contra
el ahora recluso de la Cárcel Central número 271.298.19.
Pero la legislación y jurisprudencia
internacional en materia de derechos humanos va en otro sentido,
y establece sin rodeos que dar un golpe de Estado y someter a
una nación a la tiranía que viola sistemáticamente los derechos
humanos es un delito imprescriptible cualquiera sea la fecha de
cometido.
Así lo declaró la Convención sobre
Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad,
adoptada en 1968 por la onu. Para ello recoge un principio que
ya existía en la legislación internacional de los derechos
humanos, y que rige para todas las personas del mundo.
Por más que el Parlamento ratificó la convención
en 2001, la obligación de castigar los delitos de lesa humanidad
sin plazos perentorios antecede al golpe de Estado. Así lo
estipula el artículo 1 de la propia convención.
Argumentó que los represores se asociaron para
cometer delitos como el de hacer desaparecer personas, y que por
tanto la justicia no podía dejar de castigar ese acto de
asociación ilícita que permitió la comisión de otros delitos. El
juez Luis Charles le dio la razón y procesó a todos los
represores por ambas figuras delictivas.
En el caso de Bordaberry, es evidente que las
desapariciones, los asesinatos y las torturas fueron posibles
porque hubo una dictadura que se inició con el atentado a la
Constitución del 27 de junio de 1973.
Esas violaciones sistemáticas a los derechos
humanos deben interpretarse en el marco del delito madre, pues
la barbarie es producto del golpe de Estado. Y eso es lo que
confiesa Bordaberry al declarar que disolvió las cámaras porque
no podía enfrentar exitosamente a los tupamaros mientras hubiera
legisladores que defendieran los derechos humanos.
EL FALLO HISTÓRICO. El viernes 10 muchos
despertaron con una sensación de sorpresa que pronto maduraría
en algarabía.
Los civiles emblemáticos de la dictadura estaban
presos. “Bordaberry disolvió las cámaras el 27 de junio de 1973,
suspendió las garantías individuales, encabezó un gobierno de
facto denominado cívico-militar, habiendo compartido plenamente
la filosofía del golpe de Estado y el papel de los militares, lo
cual se desprende de sus propias manifestaciones efectuadas
públicamente”, señaló el juez Timbal en su fallo. Y aseveró que
si bien el dictador fue desplazado del cargo el 12 de junio de
1976, “tuvo al tiempo de los hechos dominio suficiente sobre la
estructura de poder”.
La resolución especifica que “el cúmulo de
indicios relacionado prueba inequívocamente la intervención del
gobierno uruguayo, y particularmente del ex canciller Blanco, en
un conjunto de acciones que culminaron en el secuestro y muerte
con intervención directa de fuerzas militares argentinas de los
ex legisladores y del matrimonio Whitelaw-Barredo, ultimados en
el mismo procedimiento”.
16.
BRECHA PAG. 4
El espejo. La noche del Goyo Álvarez.
Entre todos los represores de la dictadura, hay
uno que observa con especial atención los procesos penales y los
desenlaces jurídicos del caso Bordaberry. Es el general retirado
Gregorio Álvarez.
Como si se viera en un espejo al enfrentarse a la
foto de Bordaberry con el número de preso, Álvarez sabe que todo
lo que penalmente le pase al dictador civil también le puede
pasar al dictador militar. Hasta las hipótesis más piadosas
señalan que el general terminará en la cárcel, por uno u otro
delito de lesa humanidad.
El Código Penal establece que incurre en esa
tipificación el que “por actos directos” intenta cambiar la
Constitución o la forma de gobierno por medios no admitidos por
el derecho público interno.
Cuando Álvarez se sentó en el sillón de la
Presidencia ya regía la dictadura cívico-militar, por cuanto
asumió bajo la forma de gobierno existente en el momento. No
obstante, no puede desconocerse que la forma de gobierno era
ilegal, ni que en 1973 Álvarez colaboró activamente en el golpe
de Estado.
Por eso algunos juristas de las organizaciones de
derechos humanos entienden que Álvarez puede ser
responsabilizado, en principio, como “coautor” de atentado a la
Constitución.
El Goyo comenzará su periplo judicial el año
próximo. Una de las primeras citaciones será por el expediente
del segundo vuelo, a cargo del juez Luis Charles.
.
17.
BRECHA PAG. 5
Para desterrar la impunidad. Coordinadora Nacional por la
Nulidad de la ley de Caducidad.
Varias organizaciones sociales y políticas dieron
nuevo impulso a la campaña contra la impunidad. Aun reconociendo
los logros de los 20 meses de gobierno progresista en el campo
de los derechos humanos, los convocantes se proponen anular la
ley de caducidad, por razones jurídicas, éticas y morales. Para
alcanzar éxito deberán vencer el pragmatismo que parece dominar
en el FA y el gobierno.
El lanzamiento de la campaña hacia la anulación
de la ley tuvo lugar el martes 21 en el edificio anexo al
Palacio Legislativo, donde se aprobó por aclamación el
llamamiento difundido días pasados como documento constitutivo
de la coordinadora.
Durante la actividad, que culminó con la
actuación de Daniel Viglietti, hicieron uso de la palabra Luis
Puig por el pit-cnt, el ex diputado blanco Óscar López Balestra,
el general (r) Víctor Licandro y el jurista Óscar López
Goldaracena. Las oradores expusieron las razones que vuelven
necesaria la anulación de la ley, más allá de los logros
registrados en los 20 meses de gobierno progresista. Puig dijo
reconocer que “hay avances sustanciales en el tema de los
derechos humanos, porque de una situación de impunidad
consagrada a partir de decisiones políticas y enquistada en
parte del sistema político, se llegó a cambios en el país que
sin duda afectan la impunidad. Los resultados en materia de
juzgamientos, de procesamientos, de comenzar a recorrer el
camino de la justicia, constituyen una realidad innegable. Pero,
siendo esta realidad innegable, estamos convencidos de que sigue
existiendo la imposibilidad de que la justicia actúe en toda su
dimensión”. Ello ha impedido que “se produzcan los juzgamientos
sobre decenas de violaciones a los derechos humanos. Se han
juzgado algunos casos emblemáticos, pero no ha ocurrido con
otros que no están definidos como tales, aunque fueron crímenes
aberrantes todos”.
López Goldaracena señaló que la necesidad de
anulación de la ley se funda en el “desafío de consolidar
aquellos valores y principios éticos sobre los cuales queremos
que transite la convivencia social. El desafío es que la
sociedad se sincere y defina sobre qué principios quiere
construir el futuro”.
Concepto compartido por Puig, que afirmó: “No es
posible lograr una sociedad sana sobre la impunidad y la
mentira. Muchas veces se nos ha dicho que recurrir sobre este
tema implica tener los ojos en la nuca. La mayor convocatoria
que estamos haciendo no es precisamente hacia el pasado, la
apuesta es fundamentalmente hacia el futuro, para que futuras
generaciones de uruguayos no tengan que volver a vivir el
oprobio de la dictadura, del terrorismo de Estado, de la tortura
como práctica sistemática, de la violación de cada uno y de
todos los derechos humanos”.
A su turno, el general Licandro recordó que
“cuando la discusión parlamentaria de la ley de impunidad, allá
en diciembre de 1986, un senador de mi fuerza política, Gargano,
explicaba que el FA no iba a votar esa ley y que haría todo lo
posible por derogarla. Es ese concepto el que me prendió en el
cerebro y en el alma y que he mantenido todo este tiempo: esa
ley hay que sacarla. Es una pésima herramienta para el proceso
democrático, la libertad y la justicia”.
18.
BRECHA PAG. 5
La justicia nunca es independiente del contexto político. Con el
profesor Óscar Luis Sarlo.
Profesor titular de filosofía del derecho de la
Universidad de la República, Sarlo reconoce que hubo un cambio
en la actitud de los jueces con respecto a las violaciones de
los derechos humanos durante la dictadura. Sostiene que, según
la teoría del derecho, es claro que la justicia no es
independiente del contexto político del país donde actúa.
—Recientemente se aprobaron varios tratados en
materia de derechos humanos...
—No basta con aprobarlos; también hay que
incorporar su contenido a la legislación interna e impulsar
políticas destinadas a cumplirlos. Un problema de la cultura
uruguaya es que existe una cierta mitología con las normas. La
ley de caducidad es parte de una estrategia de restricción
grosera del funcionamiento de la justicia.
—El Poder Judicial tuvo una oportunidad de anular
la ley de caducidad cuando en 1988 la Suprema Corte de Justicia
rechazó, por tres votos contra dos, el primer recurso de
inconstitucionalidad. Después, con distintas integraciones,
rechazó otros recursos iguales.
—Hubo también otros dos momentos, en direcciones
contrarias. Uno fue el pacto del Club Naval, en agosto de 1984,
y otro, pocos meses después, con la Conapro. En esta última
ocasión parecía claro que en los casos de violación a los
derechos humanos intervendría la justicia. ¿Por qué no se siguió
ese camino?
—Justamente, la movida del primer gobierno de
Sanguinetti significó la clausura de la Conapro y la
convalidación del pacto del Club Naval. Hubo, sí, claras
diferencias entre la Conapro y el pacto del Club Naval. Las
conclusiones de la Cona pro fueron públicas y las del Club Naval
se negociaron en términos que ni siquiera sabemos cuáles fueron;
hubo muchos sobreentendidos. Hay cosas que no hace falta
explicitar: es evidente que hubo acuerdos implícitos, como el
simple hecho de debatir con quienes ejercían ilegítimamente el
poder.
—Sí, claro: en el derecho comparado debe haber
pocos casos de algo tan aberrante. No solamente pretendió la
impunidad sino que denegó lisa y llanamente el conocimiento de
los hechos, lo cual impedía castigar incluso hechos que nada
tenían que ver con la lucha política del momento, como los
delitos económicos. Pero la salida dispuesta por Sanguinetti ni
siquiera fue la que él quería; su partido llegó a proponer una
amnistía y no hubo ambiente para aprobarla. Finalmente se buscó
todo este palabrerío. La amnistía tenía una dificultad: sólo
puede beneficiar a quienes hayan sido condenados; no puede haber
amnistía previa al juicio.
—Durante 20 años la justicia entendió que no
había mérito para procesar a nadie, ni siquiera a los que
quedaban claramente fuera de la ley de caducidad. Ahora mucha
gente se pregunta qué tuvo que ver con este cambio la llegada de
la izquierda al gobierno, o la modificación del clima político
que determinó ese cambio de gobierno. ¿Hasta dónde llega la
independencia del Poder Judicial?
—En toda la teoría del derecho, la filosofía del
derecho, está claro que la justicia no es independiente del
contexto político del país donde actúa. Sería absurdo pensar que
los jueces son dioses o que son unos seres descolgados del
contexto histórico. Lo lamentable sería que funcionarios del
sistema estatal pudieran juzgarnos de acuerdo con parámetros
celestiales, ajenos al mundo en el cual vivimos. Debemos ser
juzgados dentro del contexto cultural en el cual estamos
insertos.
—¿Antes no podían? ¿Usted sostiene, entonces, que
en los primeros 20 años de la restauración institucional los
jueces no tuvieron condiciones para actuar libremente y ahora sí
las tienen?
—Exactamente. Desde luego, el colectivo judicial
es muy complejo, muy variopinto. Algunos magistrados son más
sensibles a registrar esto, otros más renuentes. Unos pueden
valorar más la adecuación al contexto del momento y otros, más
sensibles a la seguridad jurídica, entienden que si hasta ahora
han fallado de una manera no pueden virar drásticamente con
relación a decisiones anteriores. Les dan más valor a la
coherencia. Estas cuestiones no las podemos decidir a priori,
dependen de políticas públicas que definan bajo qué ideas
queremos vivir los uruguayos.
—¿Qué peso tiene hoy el referéndum de 1989? La
ley se confirmó por el 57 por ciento de la ciudadanía, pero
entre aquel padrón y el actual ha habido un cambio: alrededor de
25 por ciento de la gente que estaba en aquél ya no figura, y en
cambio casi un 30 por ciento es gente nueva. La Constitución no
establece por cuánto tiempo rigen los resultados de un
referéndum. ¿Debe entenderse que son válidos e inmodificables
para siempre?
—La pregunta me lleva a un tema muy delicado, el
de los límites de la soberanía popular. En el mundo occidental
todos queremos vivir en una democracia institucionalizada, bien
consolidada. Desde esa perspectiva hoy es un axioma sostener que
la voluntad del pueblo es muy veleidosa y que los derechos
humanos, las garantías, el castigo y algunos otros asuntos
esenciales no pueden estar sometidos a la decisión de un pueblo.
La idea que actualmente domina en estas cuestiones es que las
sociedades modernas deben cultivar una cierta mística de la
Constitución y de los derechos humanos. Se trata de hacer
realidad la idea de ser gobernados por leyes y no por hombres,
que ha desarrollado recientemente Habermas. Esto significa que
ni aun las decisiones populares pueden estar por encima de
ciertos límites normativos. A esto refiere la idea de consenso
que a mi juicio deberíamos elaborar. No se trata de consensos de
conveniencia o coyunturales, sino estratégicos, que sólo pueden
estar referidos a ciertos valores esenciales y a los
procedimientos para decidir conflictos de intereses.
—¿Eso significa que un referéndum no podría
consagrar, por ejemplo, la pena de muerte o la esclavitud?
Ahora se ha sugerido empezar a hablar otra vez de
la reforma de la Constitución para resolver el problema puntual
de la reelección y para dejar sin efecto el balotaje. Son
simples ajustes. Pero en el país que queremos, ¿qué papel
queremos que tenga la justicia en nuestra sociedad? ¿Vamos a ser
realmente una sociedad liberal en el sentido de que el individuo
cuenta? ¿Qué derechos pueden restringirse y cuáles no? El país
no lo ha resuelto ni lo quiere resolver, la clase política no lo
quiere resolver.
—Volviendo a la ley de caducidad. Los partidarios
de la anulación sostienen que la norma nació nula y que además
viola tratados internacionales que Uruguay ratificó. ¿Cuál es su
opinión?
—Creo que no hay más remedio que anularla, pero
entiendo que, para no seguir transitando por un camino de
mayorías, que son muy veleidosas, la anulación debería
realizarse en el marco de un nuevo pacto constitucional del
país. Lo recomendable, desde la teoría del derecho, sería lograr
ese nuevo pacto.
—¿El actual gobierno no pudo seguir otro camino
para dejar sin efecto la ley, sin promover su anulación?
—Sí. Había una forma muy sencilla de arreglar el
tema: era decir, ante la primera consulta de un juez acerca de
si un caso estaba incluido o no en la ley de caducidad: “Este
gobierno se niega a ejercer facultades inconstitucionales,
decida usted si el asunto está comprendido o no en la ley de
caducidad”, y dejar el problema en manos de la justicia.
El solo hecho de responder diciendo que un asunto
no está comprendido ya implica aceptar la validez de la ley. Es
cierto que el actual Ejecutivo siempre habilitó a los jueces
para investigar y luego resolver, pero me parece que usar la
ley, aun cuando haya sido de una manera virtuosa, implica
validarla. Por eso creo que hubiera sido preferible hacer como
que el artículo que condiciona la actuación judicial a la
opinión del Ejecutivo no existe, porque es inconstitucional.
Bastaba decir que, conforme la Constitución, el Ejecutivo no
puede interferir con la justicia, de modo que los jueces iban a
tener que actuar igual. De paso, no se violaba el compromiso
asumido en el Congreso del fa y en su programa.
19.
BRECHA PAG. 5
Tarea pendiente.
Ruben Svirsky
Durante veinte años, la complicidad de cuatro
gobiernos sucesivos impidió juzgar a quienes estaban
expresamente excluidos de ella:
Es una obligación ética y política del gobierno
llevar a cabo, sin desmayos ni renuncias, esa tarea pendiente.
.
20.
BRECHA PAG. 11
Los archivos invisibles de la Cancillería. Cajas
que no aparecen.
En 1991 desaparecieron de la Dirección de
Derechos Humanos de la cancillería 32 cajas con documentos del
Departamento Exterior del Esmaco. Así lo informó la entonces
directora de Derechos Humanos Silvia Izquierdo al canciller
Opertti en 1999, cuando dos legisladores del Frente Amplio
solicitaron sin éxito documentación relacionada con la
represión. Ni antes ni entonces ni hoy se investigó dónde fueron
a parar esas cajas.
Estos archivos desaparecieron de la oficina de
Derechos Humanos de la cancillería. La encargada de esa
dependencia desde 1985 hasta 2005, Silvia Izquierdo, dijo a
BRECHA que en 1991 salió en misión a El Salvador y cuando
regresó en 1994 la documentación, que ocupaba la tercera parte
de la oficina, ya no estaba. En esos años la suplantó en la
oficina Marcelo Cantón, un abogado que no era funcionario del
ministerio y que actualmente trabaja en el Banco Central.
Consultado por BRECHA, Cantón se negó a dar
cualquier información sobre su trabajo en aquella dependencia.
En una segunda comunicación, dijo que su pasaje por la oficina
fue muy corto y que no se acordaba la fecha, pero que en todo
caso fueron “algunos meses”. También aclaró que en esos años fue
asesor de Héctor Gros Espiell en temas de derecho humanitario.
BRECHA intentó localizar al ex canciller Sergio Abreu, al frente
de la cancillería en la época, pero se encontraba en el
exterior.
Izquierdo no denunció a su regreso al país en
1994 la desaparición de los documentos.
Tampoco averiguó. La funcionaria explicó a BRECHA
que no comunicó ni pidió informes porque “no sabía si hubo una
orden para sacarlos o no”. Recién informó sobre el hecho cuando,
a pedido de los legisladores frenteamplistas Enrique Rubio y
José Bayardi, el entonces canciller Didier Opertti la consultó
sobre la existencia de documentos sobre violaciones a los
derechos humanos durante la dictadura en el ministerio.
Izquierdo le comunicó a Opertti que el archivo existía pero que
luego fue sacado de la oficina de Derechos Humanos. “Opertti me
preguntó y yo le dije que los archivos existían pero que no
estaban. Le conté que hasta 1991 había documentación en la
oficina, pero que luego desaparecieron. Eran documentos
oficiales del Esmaco que estaban allí porque esa oficina hacía
la triangulación de la información. Los documentos son de todo
tipo: pedidos de informes de las sedes diplomáticas al Esmaco y
de éste a las misiones. Informes de la Cruz Roja sobre las
visitas a los presos. Pedidos de las embajadas europeas de
listas de detenidos o aduciendo la condición de doble
nacionalidad para pedir la liberación. Era un material de
dimensiones importantes que ocupaba la tercera parte de la
oficina donde lo único que entraba era una silla, el escritorio
y una máquina de escribir”, dijo Izquierdo a BRECHA.*
En agosto de 1999 Rubio y Bayardi se reunieron
con Opertti y le solicitaron que divulgara los archivos de la
represión en poder de la cancillería. Aseguraron que tenían en
su poder la copia de un documento oficial del ministerio que
efectivamente muestra el tráfico de información entre la
cancillería, el sid y otras dependencias estatales sobre
uruguayos perseguidos por la dictadura.
Rubio recordó a BRECHA que ante la demora en la
contestación decidieron realizar una conferencia de prensa
denunciando el ocultamiento y demandando una respuesta.
Opertti terminó informando a los legisladores que
una investigación interna arrojó que no existían documentos y
que si los hubiera no los entregaría por razones de Estado. La
investigación realizada por Destouet a partir de fines de 2004
dejó demostrado que documentación como la demandada por los
legisladores existía en la cancillería, y en abundancia, lo que,
según el historiador, permite afirmar que Opertti mintió.
La movida de Opertti. La revelación de la
desaparición de los documentos del Esmaco surge a raíz de la
carta aclaratoria de Opertti, porque en ella el ex canciller
responsabiliza a Izquierdo (a la que ubica como la actual
directora general de Asuntos Técnico-Administrativos del
Ministerio de Relaciones Exteriores) de la afirmación acerca de
la inexistencia de los archivos. Las “puntualizaciones”
contenidas en esa carta fueron las que llevaron a su vez a
Izquierdo a hacer sus propias puntualizaciones a BRECHA,
informando así sobre el robo de los archivos, hecho desconocido
–y ocultado– en los últimos 15 años.
La movida de Opertti con su misiva tiene
imprecisiones que merecen sus propias puntualizaciones. El ex
canciller explicó que entre 1999 y 2004 “en cada oportunidad que
se le solicitara al Ministerio de Relaciones Exteriores
información al respecto, ésta fue proveída”, y menciona
solicitudes, por ejemplo, de la Comisión para la Paz. “Se manejó
entonces toda la información disponible, habiendo instruido por
mi parte a la doctora Silvia Izquierdo, entonces al frente de la
Dirección de Derechos Humanos, que facilitara la totalidad de la
documentación atinente al asunto en poder de la cancillería”.
Y agrega: “Dicha funcionaria así procedió,
informándome asimismo que no existía otra documentación
disponible que la que se remitiera a los órganos solicitantes”.
Opertti omitió informar que cuando en 1999
preguntó a Izquierdo sobre la documentación ésta le informó
sobre la desaparición de los archivos de la oficina de Derechos
Humanos. De hecho, el ex canciller nunca informó al respecto al
Parlamento ni al Poder Judicial ni hizo una indagación interna.
Tampoco fue Izquierdo la única persona a la que
consultó sobre los documentos. Los funcionarios de los archivos
histórico y administrativo del ministerio comunicaron a Opertti
entonces que sí existían documentos relacionados a derechos
humanos pero que los mismos no se encontraban ordenados ni
sistematizados.
Ortiz dijo que en esas oportunidades se hicieron
informes, se entregaron copias y se aclaró que entre los miles y
miles de papeles guardados en los archivos podía existir más
documentación pertinente. En 1999, ante la nueva solicitud, se
hizo un relevamiento y se explicó que “hasta ese momento no se
había hecho una búsqueda exhaustiva de la documentación. Dejamos
claro que material había pero que estaba disperso”.
Otros funcionarios del Ministerio de Relaciones
Exteriores dijeron a Brecha que en aquella época se eligió darle
una respuesta vaga a Opertti sobre el arsenal documental
referido a derechos humanos por miedo a lo que le pudiera
ocurrir a esos archivos y que se esperaron “mejores tiempos”
para facilitar su divulgación.
“Hubo en su momento una remisión de una caja
grande con un formulario sobre ese material, algo tenemos”.
No se sabe si los archivos originales del Esmaco
fueron destruidos o si hoy están guardados en el Ministerio de
Defensa, aunque posiblemente existan copias que hayan quedado en
el exterior o en otras dependencias, ya que durante la dictadura
la mayoría de los documentos circulaban con copias a otras
oficinas.
En 2005 la cancillería inició una tarea de
sistematización de la documentación relacionada a la represión,
que incluyó el pedido a las misiones en el exterior para que
enviaran todo material guardado sobre el particular. La
respuesta fue muy positiva, a juicio de los funcionarios del
archivo. Hoy el caudal de información es mucho mayor y se
encuentra clasificado. Ese esfuerzo ha permitido, entre otras
cosas, contribuir con la justicia con pruebas que fueron clave
para el procesamiento del jefe del Servicio Exterior durante la
primera época de la represión, Juan Carlos Blanco.
21.
LA REPUBLICA PAG. 6
Procesaron a un ex represor de Orletti por 65
secuestros, entre ellos el del hijo de Juan Gelman.
El juez penal federal Julián Ercolini procesó
ayer a Eduardo Ruffo, ex represor de Automotores Orletti,
acusado de 65 casos de privación ilegítima de libertad y
tormentos, entre ellos el del hijo del poeta Juan Gelman,
Marcelo Ariel.
22.
LA REPUBLICA PAG. 2
Demora la decisión.
Una decisión judicial sobre un segundo proceso a
Juan M. Bordaberry “demorará unos días más” mientras se realizan
evaluaciones, informó el jueves la jueza penal Graciela Gatti.
Bordaberry está en prisión preventiva desde hace seis días y su
ex canciller Juan C. Blanco, hace siete días, por orden del juez
Roberto Timbal, quien los procesa por el asesinato de los
legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y de los
militantes tupamaros, Rosario Barredo y William Whitelaw.
23.
LA REPUBLICA PAG. 4
Blanco reiteró que en mayo de 1976 no podía
expedir ni renovar los pasaportes. Defensa sostiene que auto de
procesamiento contiene “incongruencias, contradicciones e
inexactitudes”.
El abogado de Juan Carlos Blanco, el doctor
Carlos Curbelo Tammaro, presentó ayer ante el juez Penal de
11er. Turno, Roberto Timbal, el recurso de reposición y
apelación contra el procesamiento que recae sobre su defendido y
sobre el ex dictador Juan María Bordaberry por la
responsabilidad de ambos en los asesinatos de Michelini,
Gutiérrez Ruiz y del matrimonio Barredo-Whitelaw.
24.
LA REPUBLICA PAG. 4
“Los
execrables y atroces crímenes” de Zelmar y El Toba.
"Los execrables y atroces crímenes de Michelini y
Gutiérrez Ruiz más visibles por la notoriedad política de las
víctimas, demuestran con dolorosa elocuencia las crueldades
cometidas en la guerra desatada y merecen el mismo reproche que
los perpetrados por la implacable y sanguinaria guerrilla
tupamara", dice el escrito de apelación de la defensa de Blanco.
25.
LA REPUBLICA PAG. 5
La Jefatura admitió movimiento interno por
audiencia ante Bernal.
A raíz de los hechos de notoriedad por el
traslado de los reclusos José Sande Lima y Ricardo Medina desde
Cárcel Central hasta el despacho del jefe de Policía de
Montevideo, insp. ppal. Ricardo Bernal, la Jefatura capitalina
emitió un comunicado de prensa que expresa textualmente:
26.
LA REPUBLICA PAG. 5
Sande Lima y Medina
salieron de Cárcel Central: juez fue ignorado. Fueron
custodiados por el director de Cárceles; se entrevistaron con el
jefe de Policía, Bernal.
Una delicada situación
enfrentan las autoridades de Cárcel Central al confirmarse el
traslado, por fuera del edificio y sin autorización judicial, de
dos reclusos: José Sande Lima y Ricardo Medina, quienes habían
solicitado entrevistarse con el jefe de Policía.
27.
CARTA POPULAR PAG. 3
Avanzando en Verdad y
Justicia. Editorial.
Dos trascendentes
acontecimientos relacionados con los derechos humanos han
dominado la escena nacional en los últimos días.
A Bordaberry, como uno de
los principales responsables políticos de los crímenes de lesa
humanidad y del mayor operativo de exterminio que se recuerde en
la vida nacional sobre un partido político, el PCU, todavía le
esperan varios pronunciamientos de la Justicia vinculados con
sus delitos en Uruguay.
Recordemos que enfrenta
las acusaciones de "atentado a la Constitución" por el golpe de
Estado del 27 de junio de 1973, por el fusilamiento de los ocho
camaradas de la Veinte, por los asesinatos de Fernando Miranda y
Ubagesner Chaves Sosa y por las desapariciones de Arpino Vega,
Montes de Oca, Correa Rodríguez, Arévalo, Brieba, Bleier y
González González. Igualmente, por el asesinato de Hugo de los
Santos y los fusilamientos de Soca.
Pero nada ha sido fácil.
El camino de la justicia estuvo siempre empedrado por obstáculos
del más diverso tipo. Recordemos el papel central en estos
episodios judiciales de la fiscal Mirtha Guianze, que aplicó por
primera vez en Uruguay la doctrina internacional de los derechos
humanos y que, por eso mismo, debió sufrir y rebatir surtidos
reveses y chicanas a nivel jurídico. Esa aplicación de dicha
doctrina es un hecho clave que hoy explica buena parte de las
oposiciones a su designación como Fiscal de Corte. Asimismo, en
este tránsito tan dificultoso debemos señalar los intentos
recientes de desviar la atención y rebajar los móviles de la
lucha de los compatriotas asesinados en Buenos Aires por la
recuperación democrática en nuestro país.
Sin embargo, hoy hace
falta dar un paso más para lograr la vigencia plena de la
Justicia, anulando uno de sus principales obstáculos. Y ese paso
lo encarna la constitución de la Coordinadora Nacional por la
Nulidad de la ley de Caducidad. Integrada en su comienzo por un
conjunto de organizaciones vinculadas a los derechos humanos,
por el PIT-CNT, FUCVAM, etc., así como por personalidades del
ámbito político y social. Está abierta a la ciudadanía y a los
actores políticos y organizaciones sociales que coincidan con la
propuesta de declarar la nulidad de la ley de Caducidad, con lo
cual se logrará extinguir todos sus efectos como si nunca se
hubiera aprobado.
Declarar la nulidad de la
ley de caducidad es un imperativo histórico, moral y jurídico,
que debe estar por encima de coyunturas políticas [...]"
28.
CARTA POPULAR PAG. 10
El “Goyo” Alvarez en la
mira.
Cuando el 15 de junio de
este año el general (R) Gregorio Alvarez ingresó a la sede de la
calle Misiones par declarar ante el juez Luis Charles, en la
causa de la desaparición de Washington Barrios en 1974, demostró
su cinismo al mirar sonriente y desafiante a los periodistas que
estaban detrás del vallado amarillo.
Ante el magistrado Luis
Charles, el ex dictador negó haber tenido conocimiento de los
operativos del Organismo Coordinador de Operaciones
Antisubersivas (OCOA) y del Servicio de Inteligencia de Defensa
(SID).
Esto se sabía aún fuera de
fronteras, pero Gregorio Alvarez declaró ante el juez que él
recién se enteró en 1981 al asumir como presidente de facto. Con
lo cual pretendió lavarse las manos por los crímenes cometidos
en los años previos.
Ahora Hebe Martínez Burlé,
Walter De León y Pablo Chargoñi -abogados de organizaciones de
derechos humanos- vienen diseñando sus estrategias jurídicas en
torno a los casos que involucran a este personaje emblemático de
la dictadura.
Según los abogados
querellantes hay ya una serie de causas abiertas que incriminan
al ex jefe del Estado Mayor Conjunto (ESMACO) Gregorio Alvarez.
Como el asesinato en 1973
del estudiante de agronomía de 21 años Hugo de los Santos, la
desaparición en 1974 de Washington Barrios y el crimen de
Horacio Ramos en 1981.
Cuando mataron a Hugo de
los Santos, el titular del ESMACO era el "Goyo" Alvarez. La
víctima fue detenida por integrantes de las fuerzas Conjuntas,
trasladado al Batallón de Infantería N° 1 torturado y su cadáver
fue entregado a sus familiares de Rocha. Luego se comprobaría
que el certificado de su autopsia - realizada por un médico
militar - era falso.
Se propondrá -además- que
el ex dictador sea indagado por el "segundo vuelo" desde Orletti
a Montevideo en tanto que era mando militar.
Lo que se firma y se hace
público con el tiempo puede volverse en contra. Como la carta
que el 18 de mayo de este año hicieran pública los 10 ex
comandantes -naturalmente que entre ellos Gregorio Alvarez-
donde asumen la responsabilidad del accionar de sus subalternos.
Impagable. Ese "no
permitirá" era antes: ahora mandan el presidente Tabaré Vázquez
y la ministra Azucena Berrutti. Durante la dictadura no hubo
ninguna guerra, los únicos subversivos eran sus integrantes a
los que el pueblo enfrentó sin más armas que sus ideas.
Gregorio Alvarez, en esa
circular interna, se responsabiliza por "alguna actividad reñida
con los Derechos Humanos". Cuando concurra nuevamente al juzgado
de la Ciudad Vieja, sus abogados andarán bastante flojos de
argumentos por su defensa. Sus querellantes apuntan al ex
dictador y no se descarta que su nuevo domicilio sea la Cárcel
Central. Mejor dicho, es bastante probable.
.
29.
EL PAIS PAG. 11
Defensa de Blanco reclama
que se juzgue a tupamaros. Apelaciones. Hoy será el turno de
Juan María Bordaberry.
Al apelar el procesamiento
de Juan Carlos Blanco, la defensa cuestionó cada una de las
pruebas manejadas por el juez y presentó una lista de 24
tupamaros que -aseguró- no fueron juzgados y no están
comprendidos en la ley de Amnistía de 1985.
En el recurso el abogado
adjuntó una lista de 24 "subversivos autores de gravísimos
delitos que nunca fueron sometidos a juicio", para los cuales
agregó que no rige la ley de amnistía ni ha operado la
prescripción.
Para el defensor "las
inocultables connotaciones políticas del caso" y "las pasiones
desatadas" demuestran que "las heridas no se han cerrado y la
pacificación intentada por anteriores gobiernos no se acepta por
determinados sectores de la población".
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