NosotrosLo primero que resalta es la desmesurada importancia del poder ejecutivo en los países de la región, calcado, sin duda, del modelo norteamericano, aunque partiendo de orígenes muy distintos y asentándose sobre bases muy otras. El sistema presidencialista en América Latina, que ha dado lugar a tantas manipulaciones tiránicas, hace mucho que ha demostrado su fracaso.
En los
últimos tiempos, sin embargo, el poder
investido sobre el presidente en algunos
países de la región (Venezuela, Ecuador,
Bolivia y Nicaragua) ha servido para que
el primer magistrado socave las ins
tituciones
que juró amparar y defender mediante el
recurso de consultas públicas que nunca
contaron con el auténtico apoyo de los
otros poderes del Estado y que fueron
impuestas con presiones y trampas de
diversa índole. En todos los casos, las
reformas constitucionales han servido
para fortalecer al Ejecutivo --promotor
de una agenda populista de izquierda--
en detrimento del equilibrio de poderes,
así como de los derechos humanos y las
libertades fundamentales de los
ciudadanos.
Sin embargo, en ninguno de los países donde el presidente ha violado los principios democráticos de la manera más grosera --siendo el más paradigmático, por sus niveles de monstruosidad jurídica, el del régimen cuasidictatorial de Venezuela, que ha convertido al Congreso en una asamblea unicameral de cipayos-- la Organización de Estados Americanos ha exigido su deposición ni el respeto a las instituciones que su gestión diariamente vulnera, ni otros países han retirado a sus embajadores ni mucho menos ha llegado la denuncia al pleno de las Naciones Unidas.
El que esto ocurra ahora, cuando el Congreso, la Judicatura y el Ejército de Honduras (con bastante apoyo popular, por cierto) deciden evitar que el señor Zelaya se valga de la misma triquiñuela de Chávez y sus compinches para barrenar la Constitución del país, y lo deponen por la fuerza, todo el mundo parece rasgarse las vestiduras. ¿Por qué? Porque de alguna manera el sistema presidencialista --pese a su pregonada división de poderes-- le da un peso desproporcionado al Ejecutivo e inviste al presidente de facultades que casi lo convierten en un monarca y que, en el caso de América Latina, son herencia directa de nuestro caudillismo endémico.
Resulta muy curioso, por otra parte, que sea la OEA --que hace sólo unos días legitimara al despótico gobierno de Cuba con su invitación a volver al seno de la Organización-- la que ahora se escandalice tanto por una acción que tiene mucho más fundamento institucional que cualquiera que dimane del poder ilegal y absoluto de los Castro. En este caso, el haber detentado ese poder por medio siglo parecería que le confiere un aura de legitimidad a una de las tiranías más viejas de la tierra.
Celebro, a decir verdad, que el Congreso y el Tribunal Supremo y las Fuerzas Armadas de Honduras hayan hecho valer sus fueros y hayan abortado una ilícita consulta popular. Tal vez se equivocaron en expulsar al presidente del país. Debían, más bien, haberlo depuesto mediante un juicio político y, de haber causa, someterlo a un proceso penal. En cualquier caso, la infracción es menor, si se tiene en cuenta que la democracia misma estaba en juego. Asimismo, no creo que Zelaya deba regresar a Honduras y mucho menos a su puesto. A pocos meses de las próximas elecciones, me parece más conveniente mantener la interinidad de este nuevo gobierno; llamado a ser, por su propio carácter, un árbitro más imparcial en esos comicios.
¡Ojalá que lo ocurrido en Honduras siente un precedente para frenar a estos líderes que se creen investidos de poderes omnímodos! Pero, y aún más importante, que la experiencia sirva para que las fuerzas democráticas de la región empiecen a pensar seriamente en ponerle fin al sistema presidencialista y a otorgarles mayores facultades a las legislaturas. Este expediente, por simple que parezca, puede ser decisivo para la consolidación de la democracia en América.
©Echerri 2009
elNuevoHerald.com
Publicado el jueves 02 de julio del 2009