Después de meses de descubiertos en la Zona
Franca Florida, los dos motores GE J-85, que
también pasaron tras ser robados a fines del
2008 en la base aérea malaya de Sungai Besi
(Kuala Lumpur) por Argentina y cuyo destino
sería un país vetado por los EEUU para recibir
repuestos de cazas F-5, un supuesto empresario
argentino se declaró "espontáneamente" titular
de la operación ante la Justicia de Uruguay. El
mismo pretextó la supuesta -y muy dudosa- "legalidad"
de su intermediación.
En su declaración, el ahora indagado afirma que
su negocio se procesó en forma normal después de
que los motores fueran militarmente desafectados
por el gobierno norteamericano, a cuya embajada
en Argentina dice haber presentado el historial
de dichas turbinas, entregados por un dealer
malayo contactado "por internet", aspecto cuya
cuestionable verosimilitud se investiga.
En los meses anteriores, el Juez de Crimen
Especializado Jorge Díaz, tomó declaraciones al
Fiscal General de Malasia, Tan Sin Abdul Gani
Patail y a diversos funcionarios del gobierno
estadounidense, en calidad de asesores, que, a
decir de fuentes confiables, estaría
profundamente molesto con la lentitud del Poder
Judicial uruguayo en el caso, lo que podría
inclusive reflejarse en ciertas actitudes
diplomático-comerciales en los próximos 100 días,
de no dilucidarse el tema, originado en un el
hurto de estos reactores por parte de militares
malayos juzgados y condenados.
Estados Unidos considera los motores lisa y
llanamente como material bélico, al
igual que la legislación aduanera uruguaya que,
de cumplirse estrictamente, determina muy
fuertes sanciones- hoy ni siquiera insinuadas-
hacia la zona franca privada que albergue equipo
militar clandestino.
Un factor urticante es que el
propietario de la misma, Luis Calachi, es
titular de una serie de emisoras, liderada por
la M-24 montevideana, adquirida al hijo del ex -presidente
Julio María Sanguinetti, años atrás, al servicio
del gobernante Frente amplio y desde donde el
actual mandatario uruguayo, el ex guerrillero
José Mujica, encabezó su campaña antes y después
de llegar a la magistratura.
Calachi había realizado negocios en 1994
con dealers rusos en la pretensión de ensamblar
localmente el helicóptero KA-32, del cual se
trajo a Uruguay un ejemplar sin matrícula
ninguna, y quien abandonó el país
sorpresivamente a fines de ese año.
El gobierno norteamericano estaría
aparentemente preocupado igualmente por la
posibilidad de trasiego actual, futuro o en
pasado próximo, de material radiactivo en zonas
francas rioplatenses, con finalidad desconocida.
Asimismo, existiría cierto interés en algunas
aristas del sonado "Caso Feldman", cuando, en
noviembre pasado un traficante de armas de
antiguo origen ultra izquierdista, Saúl Feldman,
mató a un policía e hirió a otros dos antes de
suicidarse, tras un prolongado tiroteo,
protegiendo un arsenal de casi 800 armas junto a
miles de municiones y cientos de kilos de
pólvora y dinamita.
Llama aún hoy la atención, además
de la lentitud en las investigaciones, el
volumen del material encontrado a cientos de
metros del Aeropuerto Internacional de Carrasco,
además de otro depósito, próximo a una
guarnición del Ejército. El tema también está en
el despacho del citado magistrado, Jorge Díaz,
quien aduce que algunos gobiernos no se
mostrarían expeditivos al respecto de
antecedentes solicitados, especialmente el
argentino (Javier Bonilla).