El juez Sergio Gabriel Torres ha dispuesto mi procesamiento en una causa digna de un cuento de Franz Kafka. Supongo que debió sentirse muy presionado por Diana Conti y Carlos Kunkel, los miembros activos del Consejo de la Magistratura, para decidir como lo hizo. El 8/11/79 sufrí un atentado terrorista, del que salí con vida por milagro. Era yo entonces secretario de Hacienda y el auto oficial me había ido a buscar a mi domicilio, en la calle Amenábar 1024; dobló por Zabala y al cruzar Cabildo una camioneta le interceptó el paso, y empezaron a dispararnos. Primero fueron dos balas de «energa», de las cuales una impactó el radiador del auto (que quedó al rojo vivo) y la otra, un automóvil estacionado. La bala de «energa» (de unos 10 cm de ancho y unos 20 cm de largo) genera mil grados cuando explota. Si una de las dos hubiera impactado el parabrisas, al que apuntaron, yo habría quedado reducido a cenizas en un instante. Luego me tiraron unos cien tiros de FAL. Me salvé por estar acostado boca abajo en el piso. Mi chofer y el agente de policía que nos acompañaba sólo sufrieron heridas. Tuvieron mucha suerte.

Posteriormente este grupo de terroristas (montoneros) fue capturado por las Fuerzas Armadas, según me contó el general de división José Montes. Muchos años después, un miembro de esa organización, preso en la ESMA, me denuncia por haber estado allí viendo a mis atacantes, encapuchados, engrillados y con signos visibles de haber sido torturados. Esto es absolutamente falso. Es más: quienes estaban a cargo de la ESMA jamás me hubieran mostrado a presos en tales condiciones. En esa época había un alto muro (como el de Berlín) entre militares y civiles, y no nos informaban sobre la guerra contra el terrorismo.

Ahora me acusan de encubrimiento. Dicen que un funcionario público tiene la obligación de denunciar delitos de los que tuviera conocimiento. Pero esto se refiere sólo a delitos dentro del ámbito de su competencia; en mi caso se trataría de los que se hubieran producido en el ámbito de la Secretaría de Hacienda. La ESMA no formaba parte de la dicha secretaría de Estado.

Me procesan por un hecho que no existió, dando crédito a la expresión de un miembro de una asociación ilícita dedicada a matar y secuestrar personas llamada Montoneros, e interpretan en forma indebida y absurda (y sin un solo antecedente en este sentido) una norma legal sobre responsabilidad de funcionarios que toman conocimiento de delitos. Y para colmo el delito que se me imputa es considerado de hecho de lesa humanidad, o sea que en 30 años no prescribió.
De víctima pasé a ser culpable de la suerte de quienes trataron de matarme. ¡Increíble!
Juan Alemann

L.E. 4.041.307