|
Compatriotas: el artículo
transcripto a continuación corresponde a un
Señor General de un país hermano, Colombia,
cuyos conciudadanos, camaradas de armas y
civiles, pueden sentirse orgullosos de él.
Nosotros, en cambio, pagamos con nuestros
impuestos el sueldo de general y embajador a un
disfrazado de uniforme, que deshonró su sable de
oficial con la mentira, la cobardía, la
traición y la obsecuencia rastrera: martin
antonio balza. Ya que está en Colombia que
aprenda lo que es ser un General.
A los militares argentinos presos
políticos: no están solos, la Argentina
verdadera, la no corrompida por leyes
degeneradas administrada por corruptos
prevaricadores, hará oportunamente JUSTICIA
... y entonces, cuando la VERDAD prevalezca ...
la LIBERTAD de ustedes y de la PATRIA será una
REALIDAD.
Lic Jorge P. Mones Ruiz - ex
Mayor de Caballería
·
El
Tiempo, Bogotá
Blog Colombian
News
7 de mayo de 2010
En mi doble
condición de ciudadano y miembro de la Reserva
Activa del Ejército, me dirijo a usted en forma
comedida para requerir su atención en torno al
proceso, reabierto 20 años después, por los
hechos del Palacio de Justicia, ocurridos el 5
de noviembre de 1985, en los que un grupo de 35
terroristas asaltó el Palacio de Justicia que
hubo de ser rescatado por el Ejército con orden
del presidente Belisario Betancur, a quien
pretendía juzgar el M-19.
Lo hago a la
luz del Artículo 277, Inciso 7 de la
Constitución que usted y yo juramos cumplir y
defender, que faculta al Ministerio Público para
"Intervenir en los procesos y ante las
autoridades judiciales, cuando sea necesario, en
defensa del orden jurídico o de las garantías y
derechos fundamentales". Teniendo en cuenta
que el Defensor del Pueblo forma parte del
Ministerio Público dignamente dirigido por
usted, esta respetuosa solicitud también le
incumbe a él. No sobra recordarlo, porque a
veces parece que los militares colombianos no
fueran también pueblo, necesitado de defensa
contra la injusticia y el oprobio.
En mi Clepsidra
precedente enumeré lo ocurrido en el Palacio de
Justicia el 6 de noviembre. Se adelantaron
entonces las investigaciones de las Justicias
penales militar y ordinaria, así como las que
emprendieron los organismos de control por su
propia cuenta. Todas coincidieron en que no
cabía responsabilidad alguna, ni penal ni
disciplinaria, del Ejército aclamado por la
nación como salvador de la República y por los
bogotanos en la tarde del 7, cuando regresaban a
sus cuarteles las unidades que cumplieron la
orden presidencial.
No fui
partidario de reabrir el proceso, ni menos que
esto se hiciera unilateralmente contra el
Ejército, en cabeza de los comandantes de las
tropas que ejecutaron el rescate, marginando a
los jefes que ordenaron el asalto sangriento que
inició la tragedia. Veinte años son mucho
tiempo. Testigos claves ya no existen. No es
posible practicar muchas pruebas. Los recuerdos
se desvanecen. Nuevos testigos salidos Dios sabe
de dónde con testimonios inveraces o
contradictorios, como el suboficial con apellido
cambiado, que el día de autos pertenecía a una
unidad distinta a las participantes, fuera de
Bogotá. Además, bien sabemos el origen de las
presiones que lograron la apertura unilateral.
No tengo el
menor interés de que se vincule a los jefes del
M-19 a este proceso espurio. Sería agregar una
injusticia a otra. Menos aún habiendo sido yo
quien halló las posibilidades de paz con el Eme,
su desmovilización y desarme. Una columna mía
abrió la vía para una serie de visitas al
"campamento revolucionario" en Santo Domingo
(Cauca), autorizadas por el Ministerio de
Defensa del presidente Barco. Sentadas las
premisas para un arreglo, entregué las riendas
del diálogo al Alto Comisionado de Paz del
gobierno Barco, pero proseguí a su disposición
hasta la concertación de la paz con reinserción
en la sociedad.
No entro en
detalle sobre las graves fallas cometidas.
Usted, con su reconocida perspicacia y vasta
experiencia, las hallará, comenzando por la
reapertura de una Cosa Juzgada. Mal podía
invocarse el delito de lesa humanidad que no
prescribe, porque el delito de desaparición
forzada no existía en 1985. Pese a ello se
invocó, desconociendo el principio universal
Nule crimen sine legge. No puede hacer delito si
no hay ley que lo contemple. Es fácil advertir a
lo largo del nuevo expediente los exabruptos que
suceden al acto inicial. Actuaciones que
destilan la animadversión rayana en odio y
sadismo contra el Ejército y los militares, como
negar al Coronel Plazas Vega permiso para
visitar a su padre en agonía y días después para
asistir a sus exequias como oficial superior en
retiro del Ejército. O la escena entre bárbara y
grotesca de sacar del Hospital Militar a viva
fuerza y en la noche para conducirlo a una
cárcel común con guardas del Inpec.
Confío en su
favorable acogida a esta petición, que en dos
oficiales de brillantes carreras militares
defienden a la institución que ha hecho posible
el rescate del territorio y de las vías
sometidas al terror y el secuestro: General
Armando Arias Cabrales y Coronel Alfonso Plazas
Vega. Mil gracias.
|